Aunque va siendo mayor a no ser por la enfermedad que lo quitó de la vida activa José Luis seguiría trabajando.
Para salir adelante ejerció en actividades tan variadas como la de comercial, músico en fiestas, mozo de la construcción, capataz de obras o sindicalista pero la enfermedad lo fue doblando hasta relegarlo a una silla de ruedas y ahora es perceptor de una pensión de jubilación que le permite, gracias a este mal llamado ‘estado del bienestar’, llevar una vida lo suficientemente digna.
Llegó al barrio hace doce años como titular de una vivienda social adaptada para usuario de sillas de ruedas pero no lo hizo como la mayoría en régimen de alquiler sino como propietario. Dado el estricto régimen de contratación de este tipo de viviendas en las que el inquilino no puede tener en el momento de la solicitud ninguna otra vivienda en propiedad aunque esta fuera totalmente inaccesible y se encontrara en ruinas como era el caso.
Por fin logró que un funcionario pasara a ver aquellas ruinas pudiendo entonces constatar de primera mano que no reunía condiciones de habitabilidad y menos para un usuario de silla de ruedas. Además, la casa estaba lejos de todo, al final de un pueblo, en cuesta y a la orilla de una sinuosa carretera de complicado acceso. También comprobó como José Luis estaba pagando alquiler en las periferias de la ciudad por un cuchitril accesible pero en el que no podía entrar al baño y conseguir cerrar la puerta al mismo tiempo con lo que todo el mundo lo veía cuando estaba haciendo sus necesidades. El caso que la administración decidió al fin otorgarle una vivienda accesible pero en venta con lo que José Luis sería el único propietario del edificio. Le asignaron un apartamento cuatro escalones por encima del nivel de la calle accediendo por una rampa de la que el edificio estaba adecuadamente provisto. Y ahí empezó esta extraña historia.
El gobierno considera adaptadas estas viviendas porque tienen las puertas más anchas de lo normal, tienen poco pasillo y este es ancho y las estancias son amplias pero sin estar sujetas a una norma concreta. Además carecen de ayudas para transferencias en sanitarios, los enchufes están mal ubicados, los cuadros eléctricos están altos, etc…, de modo que José Luis empezó a protestar.
Cualquier otro se hubiera cortado por si le echaban pero él no. Cuando lo llamaron para firmar la escritura y subrogar la hipoteca, se negó a hacerlo antes de que la vivienda fuera adaptada adecuadamente. Entonces vino un técnico de la empresa de reformas que lo escuchaba como si el que hablara fuera un marciano, no entendía nada y se marchó. Más tarde vino un aparejador que ante los razonamientos de José Luis, asentía constantemente como si estuviera de acuerdo en todo. Efectivamente, -decía- esto hay que hacerlo bien así que dígame usted como lo quiere. No, eso tienen que saberlo ustedes, yo no tengo nada que decir. Claro, claro –asentía el aparejador-. No obstante creo que las puertas deberían ser correderas porque al abrir así, como son muy grandes, no puedo hacerlo yo solo y tal… Tomó nota de cosas y se fue. Así, entre una cosa y otra pasaron un par de años.
Más tarde tuvo un problema en el suelo y llamó para que se lo arreglaran, lo que hicieron. Para ello volvió el técnico que se hacía cruces de que todo estuviera pendiente todavía pero para entonces José Luis se había crecido y consideraba que había que ampliar la reforma comiendo espacio a los portales lo cual hacía viable toda la idea que él tenía. Sigue pasando el tiempo. Por fin un día vienen, cambian algunas puertas sustituyendo las batientes por correderas, ensanchan el pasillo acortando el baño y algunas cosas más lo cual, que fue peor el remedio que la enfermedad y José Luis protestó de nuevo porque ahora no podía dar vuelta en el baño con su silla de ruedas por haber reducido su tamaño sin comer nada al portal como había dicho.
La cosa sigue trabada, cuando llaman para firmar las escrituras responde que cuando le adapten la vivienda y los funcionarios y políticos no saben qué hacer porque lo que pide no es viable pero el tiempo transcurrido ha sido excesivo y el gasto realizado también. El caso está enquistado.
Como consecuencia, en este país hay, por lo menos, un ciudadano propietario de una vivienda social por la que no ha pagado ni un duro en diez años y en la que le han practicado reformas dos veces abonadas por el Estado, en clara discriminación respecto a otros ciudadanos que pagan renta cada mes y además con el respeto de todos que lo consideran propietario. Son cosas del barrio.
